Summary

El Impuesto sobre el Patrimonio es una figura impositiva obsoleta, desterrada de los sistemas tributarios del mundo desarrollado, pero que subsiste anacrónicamente en España. Este impuesto desincentiva el ahorro al imponer una doble tributación a las rentas ahorradas. Quien obtiene una renta paga el IRPF; si ahorra una parte de la renta, esta renta ahorrada tributa de nuevo cada año a través del Impuesto sobre el Patrimonio. El desincentivo a ahorrar es evidente y preocupante en un país con un déficit de ahorro neto del 10% del PIB. El Impuesto sobre el Patrimonio es también contrario a la equidad, porque recae esencialmente sobre los ciudadanos de rentas medias. Los titulares de grandes patrimonios disponen de instrumentos legales que permiten eludir el Impuesto sobre el Patrimonio, instrumentos que han sido además incentivados fiscalmente por el actual Ejecutivo. Finalmente, el impuesto es contrario a la eficiencia: castiga el fruto del esfuerzo laboral y empresarial, haciendo menos atractivo trabajar, ahorrar y asumir riesgos. La pervivencia en España del Impuesto sobre el Patrimonio, que se introdujo en el año 1977 con carácter excepcional y transitorio como mecanismo de control para el IRPF, es ya una anomalía entre los sistemas fiscales europeos. El creciente consenso académico, político y ciudadano acerca de la conveniencia de su eliminación y los primeros pasos dados por la Comunidad de Madrid en este sentido abren la puerta a su pronta eliminación en toda España.