Resumen

“Hemos sentado las bases para que no vuelva a ocurrir algo similar”. Éstas son las conclusiones a las que ha llegado la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, después de que, según todas las informaciones publicadas, se hubiera pagado un rescate, en condiciones no reveladas, a una banda de piratas que habían secuestrado el pesquero español Playa de Bakio. Una vez más, Zapatero vuelve a equivocarse en su análisis de la realidad y constata que la cesión ante el chantaje de los criminales es su camino preferido para alejar las amenazas a la seguridad de España y de los españoles. Si el Gobierno ha pagado –y hay fundadas sospechas de que ha pagado utilizando a agentes del CNI– eso sería un delito y una malversación de fondos públicos. Queda mucho por aclarar.